La paralización de compraventas, los problemas para formalizar contratos de arras y la retirada de viviendas del alquiler están poniendo de manifiesto las consecuencias que pueden tener las recientes reformas legislativas sobre el mercado inmobiliario español. Unas medidas concebidas para proteger el acceso a la vivienda y combatir la especulación están in generando, según denuncian desde TE COMPRO LA CASA, el efecto contrario: mayor inseguridad jurídica, operaciones bloqueadas y una reducción de la oferta que puede agravar las dificultades de quienes buscan una vivienda.
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, ha introducido restricciones sobre determinadas adquisiciones inmobiliarias y modificaciones en materia de arrendamientos. La situación se ha complicado con la derogación del Real Decreto-ley 28/2026, acordada el 12 de noviembre, mientras que el 29/2026 fue convalidado.
Para Celia Arévalo, del departamento jurídico de TE COMPRO LA CASA, el problema no reside únicamente en las restricciones, sino en la falta de claridad sobre su aplicación. La compañía advierte de que estas medidas pueden perjudicar tanto a empresas inmobiliarias como a particulares que necesitan vender o alquilar sus propiedades.
Notarios, registradores y bancos ante la inseguridad jurídica
Uno de los principales problemas denunciados por la empresa es la incertidumbre que afecta a los profesionales encargados de formalizar operaciones inmobiliarias. Notarios, registradores, peritos, tasadoras, agencias inmobiliarias e incluso entidades bancarias encuentran dificultades para interpretar determinados requisitos.
Según Alfredo García, CEO de TE COMPRO LA CASA, esta situación está provocando retrasos en compraventas y operaciones hipotecarias. La compañía habla de cientos de miles de operaciones afectadas, aunque no existen datos oficiales suficientes para confirmar esa magnitud ni atribuir todas las paralizaciones directamente a los decretos.
Uno de los focos de controversia es el artículo 1 del Real Decreto-ley 29/2026, que establece hasta diciembre de 2030 restricciones sobre determinadas adquisiciones de viviendas por debajo del 70% su valor de mercado, con las excepciones legalmente previstas.
Desde TE COMPRO LA CASA cuestionan que la redacción permita identificar con suficiente precisión qué empresas quedan afectadas. Alfredo García considera especialmente problemático que una pequeña sociedad dedicada a comprar inmuebles pueda verse sometida a restricciones similares a las de grandes operadores inmobiliarios, pese a desarrollar actividades y disponer de capacidades económicas muy diferentes.
Viviendas ocupadas, deterioradas o con cargas: el problema de determinar su valor
La valoración de los inmuebles constituye otro punto conflictivo. La normativa exige una tasación individualizada realizada por una sociedad homologada e independiente, lo que incrementa los costes y los plazos de determinadas operaciones. Aparte de esto, la tasación no es ni judicial, ni hipotecaria por lo que existe un desconcierto entre las sociedades tasadoras, apunta García, que desconocen qué normativa aplicar en la elaboración de dichas tasaciones.
Sin embargo, desde TE COMPRO LA CASA advierten de que no todas las viviendas pueden valorarse bajo las mismas condiciones. Un inmueble libre de ocupantes y preparado para entrar a vivir no presenta las mismas circunstancias que otro con impagos, ocupación sin título, embargos, graves desperfectos o necesidades importantes de rehabilitación.
Estas particularidades condicionan el precio que un comprador está dispuesto a pagar. También explican que determinados propietarios acepten ofertas inferiores al valor habitual del mercado para evitar procedimientos judiciales, afrontar deudas o vender con rapidez.
La empresa trabaja precisamente con propiedades que presentan estas dificultades y cuyos compradores deben asumir riesgos económicos, costes adicionales y, en ocasiones, largos periodos de espera.
Celia Arévalo considera que una tasación que no refleje adecuadamente estas circunstancias puede generar conflictos cuando se aplica la limitación legal. En su opinión, restringir la negociación perjudicaría especialmente a propietarios que necesitan vender inmuebles difíciles de comercializar y disponen de pocas alternativas.
Contratos de arras anteriores al decreto: compradores y vendedores atrapados
Uno de los efectos que más preocupa a TE COMPRO LA CASA afecta a los contratos de arras firmados antes de la entrada en vigor de la normativa.
El decreto contempla determinadas excepciones para transmisiones ya formalizadas en escritura pública, pero no establece una previsión equivalente y expresa para todos los contratos privados de arras anteriores.
Esto plantea dificultades cuando comprador y vendedor ya han acordado el precio, establecido una fecha para escriturar y entregado cantidades económicas a cuenta de la operación.
El problema puede ir mucho más allá de un simple retraso administrativo.
Por ejemplo, una empresa firma un contrato de arras para adquirir una vivienda y entrega una cantidad al propietario. Posteriormente, si la operación queda sometida a la restricción legal y el precio pactado resulta inferior al umbral permitido, pueden surgir obstáculos para formalizar la compraventa.
El comprador podría intentar recuperar el dinero entregado, pero el vendedor quizá ya lo haya utilizado para cancelar deudas, reservar otra vivienda o afrontar gastos personales. Si no dispone de esa cantidad, el conflicto puede derivar en reclamaciones económicas y procedimientos judiciales.
Las consecuencias dependerán de las condiciones del contrato, del tipo de arras pactadas y de las circunstancias de cada operación. La normativa no implica necesariamente la anulación automática de los acuerdos anteriores.
No obstante, Alfredo García denuncia que estas situaciones están afectando a operaciones previamente negociadas y generando problemas económicos importantes. Para la compañía, la falta de previsiones transitorias suficientemente claras amenaza la seguridad de contratos que ambas partes habían firmado de buena fe.
La retirada de viviendas del alquiler y su efecto sobre los precios
Las consecuencias denunciadas también alcanzan al mercado del alquiler. Según TE COMPRO LA CASA, la incertidumbre sobre las condiciones aplicables a los arrendamientos está llevando a numerosos propietarios a retirar sus viviendas o aplazar su comercialización.
La compañía estima que decenas de miles de inmuebles podrían haberse visto afectados por estas decisiones, aunque esa magnitud no cuenta con una verificación estadística independiente.
El riesgo es que la retirada de propiedades reduzca todavía más la oferta disponible. Si la demanda permanece elevada y disminuye el número de viviendas anunciadas, aumenta la presión sobre los precios, precisamente lo contrario de lo que pretenden conseguir las medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler.
Las advertencias del sector encuentran cierto respaldo en una encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), recogida por RTVE. Según los datos comunicados por más de 600 agencias, en diez días se identificaron 4.235 viviendas retiradas o desviadas del alquiler residencial habitual: 2.067 dejaron de anunciarse, 1.224 pasaron a la venta y 944 se destinaron a otras modalidades.Por otro lado, un conocido portal inmobiliario comunicó la retirada de 42.000 inmuebles de alquiler.
El estudio también señaló 1.523 contratos cuya firma había quedado bloqueada. Aunque estos datos no demuestran que todas las incidencias fueran consecuencia exclusiva de los decretos, reflejan las dificultades que los profesionales están comunicando.
La incertidumbre también frena inversiones: el caso de las 1.900 viviendas
La preocupación alcanza igualmente a los grandes inversores inmobiliarios. Un ejemplo es la operación de aproximadamente 1.900 viviendas destinadas al alquiler en la que participaba el fondo soberano noruego Norges, junto con la gestora española Azora.
La adquisición de una cartera perteneciente a Vía Célere y Greystar, valorada en más de 500 millones de euros, quedó en suspenso ante la incertidumbre regulatoria y política.
Según informó elEconomista, Norges decidió aplazar su participación en la operación mientras evaluaba el escenario normativo.
La suspensión de una adquisición no significa necesariamente que esas viviendas hayan desaparecido del mercado, pero evidencia cómo la incertidumbre puede condicionar decisiones de inversión de gran volumen.
Para TE COMPRO LA CASA, el problema es que estas decisiones pueden extenderse a otros operadores, retrasando adquisiciones y proyectos que podrían contribuir a ampliar la oferta residencial.
Un mercado que necesita seguridad jurídica para funcionar
Las reformas de vivienda persiguen objetivos de protección social y contención de prácticas especulativas. Sin embargo, desde TE COMPRO LA CASA consideran que su aplicación debe evitar consecuencias perjudiciales para quienes necesitan vender, comprar o alquilar.
La compañía reclama mayor precisión sobre las empresas sujetas a restricciones, los criterios de valoración de inmuebles y el tratamiento de contratos anteriores a las nuevas disposiciones.
La cuestión de fondo es si unas medidas concebidas para mejorar el acceso a la vivienda pueden terminar dificultándolo cuando generan incertidumbre, retrasan operaciones y desincentivan la comercialización de propiedades.
En un mercado marcado por la escasez de oferta, garantizar la seguridad jurídica no es únicamente una preocupación de los profesionales inmobiliarios. También afecta a los propietarios que necesitan vender y a las familias que buscan una vivienda disponible a un precio asumible.
