El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los Precios de Transferencia de los sistemas centralizados de tesorería o cash pooling. En su sentencia 489/2026, de 22 de abril, trata estas operaciones como préstamos intragrupo a corto plazo entre entidades no financieras y no como depósitos bancarios. Además, considera coherente exigir tipos simétricos para aportaciones y disposiciones, y admite la calificación crediticia del grupo en lugar de la de cada participante.
Este criterio interesa a cualquier grupo español con tesorería internacional, aunque su alcance debe leerse con cautela. El Tribunal recuerda que el cash pooling es una figura atípica que exige un análisis caso por caso conforme a las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por ello, la cuestión relevante no es solo qué tipo se aplica, sino quién asume realmente los riesgos del sistema.
¿Qué añade Brasil a este análisis?
Cuando el sistema incluye o se compara con una filial brasileña, la referencia cambia de una doctrina judicial a una norma escrita. El artículo 32 de la Ley 14.596 de 2023 regula la centralización de saldos para gestionar liquidez a corto plazo y exige la aplicación del principio de plena competencia. En ese análisis deben considerarse las opciones realistas de cada parte y si el participante obtiene beneficios proporcionales a su aportación o solo financia a los demás.
Los dos enfoques coinciden en lo esencial, porque ambos miran las funciones reales de cada entidad. En España, el Tribunal observó que la cabecera realizaba coordinación y gestión administrativa, sin asumir riesgos relevantes. De forma similar, la ley brasileña dispone que el coordinador reciba una remuneración acorde con sus funciones, activos y riesgos.
No obstante, Brasil recoge de forma expresa en su ley un punto concreto: exige repartir entre los participantes las sinergias del acuerdo. Por tanto, justificar un tipo simétrico podría no bastar si un participante brasileño no recibe la parte que le corresponde de esa ventaja.
¿Qué implica para un grupo español?
La consecuencia práctica es que una sola política de tesorería debe superar dos exámenes. Primero, el grupo debe poder explicar en España la simetría de los tipos, la calificación crediticia elegida y el papel limitado o sustancial de la cabecera. Después, debe demostrar en Brasil que cada participante obtiene un beneficio proporcional y que las sinergias se reparten de forma razonable.
Esta doble lectura es importante porque el artículo 9 del convenio entre España y Brasil no prevé expresamente un ajuste correlativo. Así, una corrección en uno de los países podría depender del procedimiento amistoso del artículo 25 para evitar la doble imposición. En definitiva, el cash pooling debe analizarse como un sistema único, con pruebas coherentes en ambos lados, antes de que una inspección ponga en duda su funcionamiento.
En TPC Group evalúan, en cada análisis de sistemas centralizados de tesorería, la simetría de los tipos, la calificación crediticia aplicable, el reparto de las sinergias y la remuneración de la entidad coordinadora, con el objetivo de sustentar una política de cash pooling técnicamente defendible en España y en Brasil.
Carlos Vargas Alencastre, CEO & Founder de TPC Group, firma especializada en precios de transferencia y Valuación de Empresas, Acciones e Intangibles.
Fuentes
1-CEF Fiscal Impuestos, sentencia 489/2026 del Tribunal Supremo.
2-LegisWeb, Ley 14.596 de 2023 de Brasil.
3-Receita Federal, convenio entre Brasil y España.