Los deepfakes han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una amenaza real con consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales para organizaciones de todos los tamaños. Ante este escenario, desde Acountax Madrid Abogados advierten de que muchas empresas aún no cuentan con protocolos específicos para hacer frente a este tipo de incidentes, lo que las deja en una posición de vulnerabilidad creciente.
Qué son los deepfakes y por qué suponen un riesgo legal para las empresas
Un deepfake es un contenido audiovisual —imagen, vídeo o audio— generado o alterado mediante inteligencia artificial para hacer creer que una persona ha dicho o hecho algo que nunca ocurrió. La sofisticación alcanzada por estas tecnologías dificulta cada vez más distinguir un contenido auténtico de uno manipulado, lo que multiplica su potencial para causar daño.
En el ámbito empresarial, los casos que comienzan a detectarse van mucho más allá de lo que ocurre en redes sociales. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran la suplantación de directivos para autorizar transferencias o tomar decisiones financieras, la manipulación de declaraciones que afectan a la reputación corporativa, el uso no autorizado de la imagen o la voz de empleados, o las campañas de desinformación dirigidas contra marcas concretas. En todos estos supuestos, las consecuencias pueden ser graves y de difícil reversión.
Derechos afectados y posibles responsabilidades jurídicas
Desde el punto de vista legal, la difusión de un deepfake puede comprometer varios derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico español: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen —protegidos por la Ley Orgánica 1/1982—, así como la normativa de protección de datos y los derechos de propiedad intelectual cuando se utilizan contenidos sin autorización.
Dependiendo del uso realizado, también pueden concurrir responsabilidades penales por delitos como la estafa, la suplantación de identidad, las amenazas o las injurias y calumnias. Cada caso exige un análisis individualizado para determinar qué acciones legales corresponden y frente a quién pueden dirigirse.
Cómo deben actuar las empresas ante un incidente de este tipo
La rapidez de respuesta resulta determinante. Las primeras medidas que habitualmente conviene adoptar incluyen la conservación de todas las pruebas disponibles —enlaces, capturas, archivos—, la solicitud de retirada del contenido en las plataformas afectadas y la valoración del alcance reputacional del incidente. Junto a ello, es necesario coordinar la respuesta jurídica con las áreas de comunicación, tecnología y cumplimiento normativo de la organización.
Pero la reacción ante el daño ya causado no es suficiente. Las empresas necesitan incorporar medidas preventivas: protocolos internos de verificación para operaciones sensibles, formación de equipos para identificar intentos de suplantación y revisión de los procedimientos de seguridad digital. La combinación de medidas tecnológicas, organizativas y jurídicas es hoy imprescindible para reducir la exposición a este tipo de amenazas.
Todo apunta a que los deepfakes serán cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Contar con asesoramiento jurídico especializado en derecho de empresa es ya una necesidad para cualquier organización que quiera proteger su reputación, su seguridad y la confianza de quienes trabajan con ella. Acountax Madrid Abogados, con presencia en Madrid y oficinas en Bilbao, Barcelona, Burgos, Cuenca, Logroño, Málaga, Sevilla y Valencia, ofrece cobertura nacional para acompañar a empresas y directivos ante estos nuevos desafíos legales.